15 de octubre Mujeres rurales: de los homenajes a las políticas de igualdad
Este artículo pretende aportar una análisis crítico sobre las políticas de igualdad en el medio rural. De la resiliencia individual a la responsabilidad institucional. Celebrar la capacidad de las mujeres para sostener la vida rural sin transformar las desigualdades estructurales que sufren es una forma insuficiente de reconocimiento y una irresponsabilidad política. En este texto, analizamos las barreras específicas del medio rural (como la falta de movilidad, la brecha en recursos de atención o la invisibilización de los cuidados) y propone claves metodológicas para construir políticas de igualdad con planificación, recursos técnicos y capacidad transformadora real.
Ainhoa Cuadrado Aybar- ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad
10/26/20267 min read
Cada año, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, las instituciones publican fotografías, organizan encuentros y difunden mensajes que ensalzan el papel de las mujeres en el mantenimiento de nuestros pueblos. Se las presenta como emprendedoras, cuidadoras, agricultoras, dinamizadoras sociales y garantes de las tradiciones. Se reconoce su capacidad de trabajo, su compromiso y su contribución a la lucha contra la despoblación.
Y, sin embargo, hay algo profundamente contradictorio en esta celebración: ensalzamos la capacidad de las mujeres para sostener la vida rural mientras seguimos sin cuestionar suficientemente las desigualdades que hacen que buena parte de ese sostenimiento recaiga sobre ellas.Porque una cosa es reconocer a las mujeres y otra, muy distinta, garantizar sus derechos.
El feminismo lleva décadas señalando que el trabajo de cuidados, la desigual distribución del tiempo, la dependencia económica y la división sexual del trabajo no son problemas individuales. Son consecuencias de una organización social que ha asignado históricamente a las mujeres la responsabilidad de cuidar y sostener la vida, mientras ha relegado buena parte de ese trabajo a la invisibilidad y la falta de reconocimiento.
En el medio rural, estas desigualdades adquieren características específicas. Por eso, este 15 de octubre convendría ir más allá de los discursos de reconocimiento y formular una pregunta incómoda: ¿estamos construyendo políticas públicas para transformar las desigualdades que afectan a las mujeres rurales o nos estamos limitando a celebrar todo lo que son capaces de hacer a pesar de ellas?
El problema no es la falta de capacidad, sino las condiciones de desigualdad estructural.
Durante demasiado tiempo, las mujeres han sido presentadas como una solución a los problemas del medio rural. Se espera que emprendan, que generen actividad económica, que cuiden a las personas dependientes, que mantengan las redes comunitarias, que participen en las asociaciones y que contribuyan a fijar población.
Pero ¿quién cuida a quienes cuidan? ¿Qué ocurre con las mujeres que no pueden emprender porque carecen de ingresos propios, con quienes no tienen transporte para acceder a determinados servicios o con quienes permanecen en explotaciones familiares sin un reconocimiento equivalente a su aportación?¿Dónde quedan las mujeres mayores cuya trayectoria laboral estuvo atravesada por el trabajo doméstico no remunerado? ¿Y las mujeres que sufren violencia machista y encuentran dificultades para acceder a recursos especializados, preservar su intimidad o construir una alternativa económica y residencial?
Estas realidades no se resuelven apelando a la resiliencia, al emprendimiento femenino ni al compromiso con los pueblos.La resiliencia puede ser una capacidad personal y colectiva, pero no debe convertirse en una exigencia política. No podemos utilizar la fortaleza de las mujeres para justificar que sigan asumiendo responsabilidades que corresponden también a las instituciones y al conjunto de la sociedad.
A esta desigualdad en los cuidados, se suma la realidad laboral de muchas mujeres rurales, cuyo empleo se concentra en sectores feminizados como la ayuda a domicilio, la limpieza, las residencias, el comercio o la hostelería. Trabajos imprescindibles, pero que pueden estar marcados por salarios ajustados, temporalidad y escasas alternativas laborales. Así, muchas mujeres siguen sosteniendo los cuidados dentro y fuera de sus hogares sin que ello garantice su autonomía económica.
Si queremos pueblos vivos, necesitamos empleo digno, servicios públicos accesibles, transporte, vivienda, conectividad y una organización social que no penalice a las mujeres por cuidar, por trabajar o por querer desarrollar un proyecto de vida propio.
Las mujeres rurales no necesitamos que nos recuerden cuánto aportamos o que se elogie la capacidad para superar las dificultades, sino que se transformen las desigualdades que nos obligan a afrontarlas.
Aquí es donde debemos situar el debate sobre las políticas públicas de igualdad.
La igualdad no puede depender exclusivamente de la voluntad política del momento, o de una concejalía, o de la sensibilidad particular de quien ocupa la alcaldía o de la capacidad de una asociación para organizar actividades. Tampoco puede limitarse a una programación puntual en torno al 8 de marzo o al 25 de noviembre.
Las políticas públicas de igualdad requieren responsabilidad institucional, planificación, recursos, personal con capacitación técnica, coordinación y evaluación. Requieren, además, que la perspectiva de género se incorpore a las decisiones que afectan a la vida cotidiana: empleo, urbanismo, movilidad, cultura, deporte, participación, servicios sociales y prevención de las violencias machistas.
Sin embargo, en los municipios pequeños, la igualdad se enfrenta a dificultades que no siempre se reconocen suficientemente: recursos técnicos limitados, falta de continuidad, dependencia de subvenciones anuales y dificultades para sostener estructuras especializadas.
Estas circunstancias deben formar parte del diagnóstico, pero no pueden convertirse en una justificación permanente para aplazar la acción pública.
La cuestión no es exigir a un ayuntamiento pequeño que disponga de los mismos recursos que una gran ciudad. La cuestión es preguntarnos qué capacidades necesita para garantizar derechos, qué apoyos debe recibir de otras administraciones y cómo se pueden organizar las políticas de igualdad de forma realista, continuada y adaptada a su población.
Y tampoco debería confundirse la existencia de actividades con la existencia de una política pública. Un taller puede ser necesario; una campaña, útil; una jornada, enriquecedora. Pero ninguna de estas actuaciones, por sí sola, demuestra que se esté transformando una desigualdad estructural.
La pregunta relevante es qué realidad tenemos, qué problema queremos abordar, qué cambio pretendemos conseguir, qué medidas vamos a sostener y cómo sabremos si están funcionando.
Una política de igualdad no se mide por el número de actividades que organiza, sino por su capacidad para modificar las condiciones que producen desigualdad.
La ruralidad no es una nota al pie o una coletilla que se añade a un proyecto: es un enfoque necesario para comprender las desigualdades y diseñar políticas públicas capaces de garantizar derechos.
No basta con trasladar al medio rural las mismas actuaciones que se diseñan para contextos urbanos y esperar que funcionen de idéntica manera.
La ruralidad condiciona el acceso a los servicios, las posibilidades de movilidad, la participación social y las estrategias necesarias para prevenir y atender las violencias machistas. También influye en la disponibilidad de recursos especializados, en las relaciones de proximidad y en las dificultades para preservar la confidencialidad.
Una mujer que necesita ayuda puede encontrarse a una distancia considerable del recurso que necesita. Puede depender de otra persona para desplazarse. Puede tener dificultades para acudir a una atención especializada sin explicar dónde va. Puede temer que su situación se conozca en un entorno donde las relaciones personales y familiares se entrecruzan.
No significa que todos los pueblos sean iguales ni que la vida rural deba describirse desde la carencia. Significa reconocer que las condiciones concretas importan y que las políticas públicas deben partir de ellas.Por eso, necesitamos diagnósticos que escuchen a las mujeres, planes de igualdad que respondan a necesidades identificadas y mecanismos de coordinación entre administraciones y recursos. Necesitamos prevención continuada, no solo campañas puntuales, y respuestas ante las violencias machistas que tengan en cuenta la diversidad de las personas, las distancias, la accesibilidad y la privacidad.
Necesitamos, asimismo, incorporar la perspectiva de género a la planificación municipal, en lugar de tratarla como una cuestión periférica reservada a fechas conmemorativas o a actividades dirigidas exclusivamente a mujeres.
La perspectiva rural no es una adaptación estética. Es una condición para que las políticas públicas puedan ser eficaces.
¿Quién decide las políticas que afectan a las mujeres rurales?
Hablar de igualdad también obliga a hablar de poder.Las mujeres rurales no deben aparecer únicamente como destinatarias de programas, participantes en actividades o protagonistas de campañas institucionales. Deben intervenir en la definición de las prioridades, en la toma de decisiones y en la evaluación de las actuaciones públicas.
Pero esa participación no puede descansar siempre sobre el mismo voluntariado femenino. No podemos reclamar a las mujeres que dediquen más tiempo a sus comunidades sin preguntarnos cuánto tiempo tienen disponible, qué reconocimiento reciben y qué condiciones facilitan su participación.Tampoco basta con que haya mujeres presentes en los espacios de decisión. Es necesario que puedan influir en las prioridades, que sus experiencias se incorporen a la planificación y que las instituciones rindan cuentas sobre los compromisos adquiridos.
La participación sin capacidad de decisión corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de trabajo gratuito.
Una política de igualdad transformadora debe preguntarse quién participa, quién queda fuera, qué voces se escuchan y quién asume finalmente la responsabilidad de convertir las propuestas en medidas concretas.
Y debe comprender que las mujeres rurales no constituyen un colectivo homogéneo. La edad, la situación económica, la discapacidad, el origen, la orientación sexual o las responsabilidades de cuidados pueden generar necesidades y barreras diferentes. Escuchar esa diversidad es imprescindible para no diseñar políticas que solo alcancen a quienes ya tienen más recursos y posibilidades de participación.
Cada 15 de octubre tenemos una oportunidad para revisar qué lugar ocupa realmente la igualdad en la agenda pública. No basta con preguntar cuántas actividades se han organizado o cuántas personas han participado. También debemos preguntarnos si existen planes de igualdad vigentes, si las medidas previstas cuentan con responsables y recursos, si se evalúan sus resultados y si las administraciones disponen de capacidad técnica para mantenerlas en el tiempo.
Debemos preguntarnos si la prevención de las violencias machistas forma parte de una estrategia continuada, si los recursos son accesibles para las mujeres que los necesitan y si las políticas municipales incorporan la perspectiva de género más allá de las actuaciones específicamente dirigidas a ellas.Y debemos preguntarnos qué apoyos ofrecen las administraciones supramunicipales a los ayuntamientos que no cuentan con estructuras propias de igualdad.
Estas preguntas no pretenden deslegitimar el trabajo que ya se realiza. Al contrario: permiten reconocer los avances, identificar las dificultades y distinguir entre las actuaciones puntuales y las políticas capaces de generar cambios sostenidos.
Desde mi trabajo como consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad, considero imprescindible defender una idea: las políticas de igualdad en el medio rural deben diseñarse desde el conocimiento de la realidad rural, no desde la suposición de que basta con aplicar las mismas fórmulas en cualquier lugar.
La ruralidad no es un inconveniente que haya que compensar ni una característica secundaria que se añade al final de un proyecto. Es una dimensión fundamental para comprender las desigualdades y planificar las respuestas públicas.Esto exige fortalecer las capacidades municipales, mejorar la coordinación entre administraciones, dotar de continuidad a las actuaciones y reconocer la necesidad de asistencia técnica especializada. Exige, sobre todo, dejar de considerar la igualdad como un complemento opcional de la acción municipal.
El Día Internacional de las Mujeres Rurales debería servirnos para revisar compromisos, analizar políticas y hablar de recursos, responsabilidades y resultados, no únicamente de esfuerzo, talento y superación.
Porque celebrar a las mujeres rurales mientras permanecen intactas las desigualdades que condicionan sus vidas es una forma insuficiente de reconocimiento, además de una irresponsabilidad. La pregunta no es cuánto hacen las mujeres por mantener vivos nuestros pueblos. Las mujeres rurales no necesitamos más reconocimiento por todo lo que sostenemos. Necesitamos que la igualdad deje de depender del esfuerzo y la voluntad individual y se convierta en una responsabilidad efectiva de las instituciones.
¿Hablamos?
© 2024. All rights reserved.
ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad
