Epidemia zombi: dando calabazas a los derechos
Los derechos de las mujeres no son conquistas irreversibles. En un escenario internacional marcado por la polarización política y el avance de discursos reaccionarios, la reacción patriarcal se adapta, encuentra nuevas formas de expresión y amplifica su influencia a través de las redes y los espacios de socialización. En este artículo analizamos la geopolítica de los derechos de las mujeres, la convergencia de los discursos antifeministas con narrativas racistas, xenófobas, clasistas y LGTBIfóbicas, y el papel de los entornos digitales en su difusión y normalización. Pero también abordamos una cuestión fundamental: ¿qué responsabilidad tienen las instituciones y las políticas públicas de igualdad para evitar que los derechos reconocidos pierdan efectividad? Porque el verdadero riesgo no está únicamente en cuestionar los derechos conquistados, sino en debilitar las condiciones políticas, económicas e institucionales que permiten garantizarlos.
Ainhoa Cuadarado Aybar -ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidda
10/30/202613 min read
Epidemia zombi: dando calabazas a los derechos
La geopolítica de los derechos de las mujeres: reacción patriarcal, disputas globales y desafíos para las políticas de igualdad.
Este Halloween no necesitamos recurrir a leyendas urbanas para encontrar motivos de inquietud. Basta con observar cómo los derechos de las mujeres vuelven a situarse en el centro de disputas políticas internacionales, cómo determinados discursos antifeministas ganan presencia en el debate público y cómo los avances normativos en igualdad conviven con resistencias que cuestionan su legitimidad, su alcance y su continuidad.
La reacción patriarcal no puede comprenderse únicamente como una suma de actitudes individuales ni como un fenómeno circunscrito a las fronteras de cada país. En un escenario internacional marcado por la competencia política, la polarización ideológica y la transformación de las relaciones de poder, las posiciones contrarias a determinados avances feministas circulan entre países, encuentran espacios de coordinación y se incorporan a debates sobre derechos, soberanía, familia, educación y modelos de sociedad. Organismos internacionales han documentado tanto la reacción contra los derechos de las mujeres como las estrategias empleadas para cuestionar acuerdos y compromisos previamente alcanzados en materia de igualdad.
Estas dinámicas tampoco pueden analizarse exclusivamente desde la oposición a los derechos de las mujeres. En determinados contextos, los discursos antifeministas convergen con posiciones ultraconservadoras, nacionalismos excluyentes, discursos racistas, xenófobos y clasistas, y planteamientos contrarios a los derechos de las personas LGTBI+. Aunque responden a tradiciones y planteamientos diversos, pueden compartir una defensa de modelos sociales jerarquizados, concepciones restrictivas de la familia y la sexualidad y una oposición a los avances en materia de igualdad y diversidad.
En este escenario, el feminismo, los movimientos antirracistas, las reivindicaciones de las personas LGTBI+ y las demandas de justicia social pueden ser presentados como amenazas a un supuesto orden natural, cultural o nacional. La construcción de estos antagonismos desplaza el debate desde las desigualdades estructurales hacia la identificación de determinados colectivos como responsables de los problemas sociales.
No estamos ante una evolución homogénea ni ante un retroceso idéntico en todos los países. Los avances, las resistencias y las respuestas feministas coexisten. Precisamente por eso, el análisis requiere distinguir entre los cambios legislativos, las decisiones políticas, las dinámicas sociales y las condiciones materiales que permiten ejercer los derechos reconocidos.
Desde esta perspectiva, la geopolítica de los derechos de las mujeres nos obliga a ampliar la mirada: las disputas internacionales no son ajenas a la vida cotidiana, y las decisiones adoptadas en los distintos niveles de gobierno pueden determinar la continuidad de los recursos, el alcance de las políticas de igualdad y la capacidad institucional para prevenir y atender las violencias machistas.
Tres escenarios clásicos del cine de terror nos ofrecen una forma de aproximarnos a estas dinámicas: la epidemia zombi, la casa encantada y el monstruo que siempre regresa. No porque la realidad responda a un guion cinematográfico, sino porque estas metáforas permiten examinar tres dimensiones de un mismo desafío: la normalización de los discursos reaccionarios, la persistencia de las violencias invisibilizadas y la capacidad de las estructuras patriarcales para adaptarse a nuevos contextos.
La pregunta que atraviesa este artículo no es si los derechos de las mujeres están condenados a retroceder. Es otra: ¿qué condiciones políticas, sociales e institucionales permiten cuestionarlos, debilitarlos o limitar su efectividad, incluso después de décadas de avances feministas?
El gran monstruo: la geopolítica de los derechos de las mujeres
En las películas de terror, el monstruo no siempre aparece de inmediato. A veces permanece fuera de nuestra vista, mientras sus efectos empiezan a hacerse visibles. Algo parecido sucede cuando analizamos las disputas internacionales en torno a los derechos de las mujeres: no siempre adoptan la forma de una prohibición explícita, pero pueden manifestarse mediante la impugnación de consensos, el cuestionamiento de las políticas de igualdad o los intentos de limitar determinados derechos.
La igualdad de género no constituye únicamente una cuestión de justicia social. También es un espacio de confrontación política e ideológica en el que se discuten modelos de sociedad, relaciones de poder y el alcance de los derechos humanos.
La oposición a las políticas feministas ha adquirido una dimensión transnacional. Distintos actores comparten marcos discursivos, construyen alianzas y reproducen estrategias de comunicación e incidencia política en contextos nacionales diferentes. De esta manera, determinados planteamientos dejan de ser posiciones aisladas para formar parte de agendas políticas más amplias.
Estas disputas pueden trasladarse a diferentes espacios de decisión: debates legislativos, organismos internacionales, sistemas educativos, instituciones públicas y procesos de elaboración de políticas. También pueden influir en la definición de prioridades presupuestarias y en la continuidad de estructuras y programas destinados a promover la igualdad.
En algunos contextos, estas posiciones convergen con discursos que cuestionan el reconocimiento de la diversidad sexual y familiar, promueven concepciones excluyentes de la identidad nacional o atribuyen a determinados grupos sociales la responsabilidad de problemas económicos y de convivencia. Las personas migrantes, las minorías racializadas y las personas LGTBI+ pueden convertirse así en objeto de narrativas que las presentan como amenazas a una supuesta estabilidad social o cultural.
El problema no reside en que se cuestionen medidas concretas, algo que forma parte del debate democrático, sino en que se deslegitime el propio principio de igualdad, se presenten los derechos como privilegios o se niegue la existencia de desigualdades estructurales que justifican la intervención pública.
Cuando esto ocurre, la disputa deja de limitarse a una medida concreta. Lo que se pone en cuestión es la legitimidad de las instituciones para actuar frente a la desigualdad y la responsabilidad colectiva de garantizar derechos.
Por eso, hablar de geopolítica de los derechos implica observar las alianzas, los discursos y las relaciones de influencia que condicionan su reconocimiento y protección. Pero también exige analizar cómo esas dinámicas se traducen en decisiones legislativas, prioridades presupuestarias y actuaciones institucionales concretas.
El gran monstruo no es un único actor ni una amenaza uniforme: es la capacidad de articular discursos, alianzas y decisiones que cuestionan la igualdad y pueden debilitar las condiciones políticas e institucionales que hacen efectivos los derechos.
La casa encantada: cuando dejamos de ver lo que estamos perdiendo
En las historias de terror, una casa encantada puede parecer un lugar corriente hasta que dejamos de distinguir lo extraño de lo cotidiano. Un cuadro torcido, un ruido persistente, una puerta que ya no cierra bien. Cada señal aislada parece menor, hasta que nos acostumbramos a convivir con aquello que debería inquietarnos.
Con los derechos ocurre algo parecido. Cuando olvidamos que son conquistas históricas y no garantías irreversibles, podemos dejar de reconocer las señales de su debilitamiento. El cuestionamiento de los avances, la deslegitimación de las políticas de igualdad o la reducción de su importancia pueden llegar a percibirse como parte habitual del paisaje político.
El riesgo está en que el deterioro de los derechos no siempre se presenta como una ruptura evidente. También puede producirse mediante cambios graduales, decisiones administrativas que parecen menores, modificaciones en las prioridades presupuestarias o una acumulación de mensajes que desplazan los límites de lo socialmente aceptable.
Una política pública puede conservar formalmente su denominación y, sin embargo, perder capacidad de actuación si disminuyen sus recursos, se debilitan sus estructuras de coordinación o desaparecen los mecanismos necesarios para garantizar su continuidad.
Por eso, no basta con observar si un derecho sigue reconocido en una norma. También es necesario analizar qué condiciones institucionales permiten ejercerlo y qué recursos hacen posible su garantía.
Esta cuestión adquiere una dimensión particular cuando incorporamos una perspectiva interseccional. El debilitamiento de los mecanismos de protección y de las políticas de igualdad no afecta de la misma manera a todas las mujeres ni a todos los grupos sociales. Quienes ya encuentran mayores barreras para acceder a derechos, servicios y recursos pueden experimentar con mayor intensidad las consecuencias de una reducción de la capacidad institucional.
No se trata de interpretar cualquier discrepancia como un retroceso ni de asumir que todos los países siguen la misma trayectoria. Se trata de mantener la capacidad crítica para identificar cuándo determinadas decisiones o discursos comprometen derechos, debilitan su garantía o restan legitimidad a las políticas destinadas a hacerlos efectivos. Porque una sociedad puede conservar formalmente determinados derechos y, al mismo tiempo, descuidar las condiciones necesarias para ejercerlos. Como en la casa encantada, el peligro está en acostumbrarnos a las señales de deterioro hasta dejar de reconocer que algo está cambiando.
El retorno del zombi: la mutación de la reacción patriarcal
Los zombis del cine de terror tienen una característica inquietante: vuelven una y otra vez. Parecen derrotados, pero reaparecen transformados, adaptados a nuevos escenarios y capaces de encontrar otras vías de propagación.
La reacción patriarcal presenta una capacidad de adaptación semejante. Las resistencias a la igualdad no siempre se expresan mediante argumentos abiertamente discriminatorios. También pueden adoptar discursos que presentan el feminismo como una amenaza, describen a los hombres como víctimas de los avances de las mujeres o cuestionan la necesidad de las políticas públicas de igualdad porque supuestamente la desigualdad ya estaría superada.
Una de sus estrategias consiste en reformular planteamientos tradicionales bajo nuevos envoltorios discursivos. La defensa de modelos rígidos de masculinidad y feminidad puede presentarse como una reivindicación de la libertad individual, la tradición, el sentido común o la recuperación de determinados valores sociales.
En otros casos, se construye una narrativa de agravio masculino que interpreta los avances en igualdad como una pérdida de derechos para los hombres. Esta inversión del problema desplaza la atención desde las desigualdades estructurales hacia una supuesta discriminación de quienes cuestionan las políticas feministas.
Pero la reacción patriarcal no opera de manera aislada. En determinados espacios políticos y comunicativos converge con discursos racistas, xenófobos, clasistas y contrarios a los derechos de las personas LGTBI+. Estas posiciones pueden articularse alrededor de una defensa excluyente de la identidad nacional, la familia tradicional, los roles de género y determinadas jerarquías sociales.
En este marco, las personas migrantes pueden convertirse en objeto de discursos que las responsabilizan de problemas económicos o de seguridad; las personas LGTBI+ pueden ser presentadas como una amenaza a la familia o a la infancia; y las reivindicaciones feministas pueden desacreditarse como una imposición ideológica o una supuesta pérdida de derechos para los hombres.
También aparecen discursos clasistas que deslegitiman las demandas de protección social, cuestionan las políticas redistributivas o responsabilizan a determinados grupos sociales de situaciones de desigualdad que tienen raíces estructurales.
No estamos afirmando que todos estos discursos sean idénticos ni que compartan necesariamente una misma organización o estrategia. Lo relevante es observar cómo pueden reforzarse mutuamente y contribuir a legitimar un modelo social basado en la exclusión, la desigualdad y la jerarquización de las personas.
Esta lectura exige incorporar una perspectiva interseccional. Las desigualdades de género no operan de manera independiente de otros sistemas de discriminación y relaciones de poder. El origen, la racialización, la clase social, el edadismo, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad o la edad pueden modificar las formas en que se experimenta la discriminación, la exposición a las violencias y las posibilidades de acceder a derechos y recursos.
Por eso, la reacción contra los derechos de las mujeres tampoco afecta a todas de la misma manera. Las mujeres migrantes, racializadas, con discapacidad, mayores, pertenecientes a colectivos LGTBI+ o en situaciones de precariedad económica pueden enfrentarse a formas específicas e interrelacionadas de discriminación.
La interseccionalidad permite analizar estas relaciones sin reducirlas a una simple suma de desigualdades. Nos ayuda a comprender cómo distintos sistemas de poder interactúan y producen posiciones sociales y experiencias diferenciadas. Ignorar estas interacciones supone diseñar respuestas que pueden resultar insuficientes precisamente para quienes encuentran mayores barreras en el ejercicio de sus derechos.
El zombi no regresa necesariamente con el mismo aspecto. Su capacidad de supervivencia reside precisamente en su mutación, es decir, en adaptarse a los lenguajes, las preocupaciones y los escenarios de cada época. Por ello, si el zombi representa la capacidad de adaptación de la reacción patriarcal, el altavoz digital nos ayuda a entender uno de los mecanismos que pueden amplificarla.
Las plataformas digitales no son simples canales de entretenimiento por los que circulan mensajes. Sus sistemas de recomendación, sus modelos de negocio y las dinámicas de interacción influyen en qué contenidos alcanzan mayor visibilidad y cómo se distribuyen. La economía de la atención favorece determinadas dinámicas de consumo y participación, en las que la provocación, la confrontación y la polarización pueden generar elevados niveles de interacción.
Naciones Unidas ha alertado sobre la amplificación de contenidos misóginos y de discursos que promueven la hostilidad hacia las mujeres en los entornos digitales. En estos espacios, los discursos que cuestionan la igualdad pueden presentarse mediante formatos breves, emocionales y fácilmente compartibles. Un vídeo, un meme o una frase descontextualizada pueden transmitir una interpretación de las relaciones de género sin necesidad de desarrollar un argumento explícito.
La repetición contribuye a que determinados mensajes resulten familiares y, por ello, parezcan menos cuestionables. La exposición continuada a determinados contenidos puede favorecer la normalización de estereotipos, prejuicios y modelos de relación desiguales.
Esta dinámica merece especial atención cuando hablamos de socialización juvenil. Las redes no solo ofrecen entretenimiento o información: también son espacios donde se construyen referentes, se aprenden modelos de relación y se elaboran ideas sobre el cuerpo, el deseo, la masculinidad, la feminidad y el poder.
Los algoritmos participan en la configuración de estos entornos de socialización al seleccionar y recomendar contenidos. Esto significa que no siempre somos conscientes de la diversidad de mensajes a los que estamos expuestos ni de los criterios que intervienen en su distribución. Hay discursos que llegan a nuestras pantallas de forma reiterada sin que necesariamente hayamos buscado información sobre ellos.
Además, la circulación digital puede conectar y reforzar discursos que, aunque se dirijan contra colectivos diferentes, comparten estrategias de deslegitimación y construcción de antagonismos. Los mensajes antifeministas, racistas, xenófobos y LGTBIfóbicos pueden encontrar espacios de difusión comunes, alimentarse de las mismas dinámicas de polarización y presentarse como respuestas a una supuesta amenaza contra determinados valores sociales.
Por eso, una política de prevención dirigida a la población joven no puede limitarse a enumerar riesgos digitales o recomendar un uso responsable de las pantallas. Necesita incorporar alfabetización mediática, pensamiento crítico, educación afectivo-sexual y herramientas para analizar los contenidos que circulan, los modelos de relación que legitiman y las estrategias de persuasión que emplean.
También requiere abordar las responsabilidades de las plataformas y de las instituciones públicas y educativas, sin reducir el problema a las decisiones individuales de quienes consumen estos contenidos.
La cuestión de fondo es que los derechos no se disputan únicamente en los parlamentos o en las negociaciones internacionales. También se disputan en los espacios donde se construyen las expectativas sociales y se define qué formas de desigualdad resultan aceptables. Si bien el altavoz digital no crea por sí solo la reacción patriarcal, sí contribuye a amplificarla, normalizarla y hacerla llegar a públicos cada vez más amplios.
Encender la luz: de la disputa global a la garantía efectiva de los derechos
Identificar los monstruos es necesario, pero insuficiente. La cuestión central es qué hacemos para impedir que las desigualdades se normalicen, que los derechos pierdan efectividad y que las instituciones reduzcan su capacidad de respuesta.
La dimensión geopolítica permite comprender que estas disputas trascienden las fronteras nacionales. Sin embargo, sus efectos no son automáticos: entre los discursos internacionales y las condiciones de vida de las mujeres median decisiones políticas, marcos normativos, recursos económicos, capacidades administrativas y actuaciones institucionales concretas. Es precisamente en esa mediación donde las políticas públicas de igualdad adquieren un papel decisivo.
Frente a la normalización de los discursos antifeministas, necesitamos instituciones capaces de explicar la finalidad de las políticas de igualdad, fundamentar sus actuaciones en información rigurosa, evaluar sus resultados y responder a la desinformación sin renunciar al debate democrático.
Frente al debilitamiento de los derechos, necesitamos mecanismos de seguimiento que permitan identificar cambios en su reconocimiento y ejercicio, así como evaluar si las medidas adoptadas producen resultados efectivos.
Frente a las nuevas formas de difusión de la reacción patriarcal, necesitamos políticas de prevención capaces de adaptarse a las transformaciones culturales y tecnológicas, con especial atención a la socialización juvenil y a los entornos digitales.
Y frente a la posibilidad de que las políticas de igualdad pierdan capacidad de actuación, necesitamos estructuras institucionales estables, profesionales con formación especializada y recursos suficientes para sostener las intervenciones más allá de las prioridades políticas de cada momento.
Todo ello exige algo más que declaraciones de intenciones. Requiere objetivos definidos, responsabilidades institucionales claras, presupuestos suficientes, coordinación entre servicios, profesionales con formación especializada y evaluación continuada.
La igualdad no puede depender exclusivamente de la voluntad política de cada momento ni quedar reducida a actuaciones puntuales sin continuidad. Tampoco puede sostenerse únicamente mediante campañas de sensibilización si no existe una planificación pública que permita transformar las condiciones que reproducen la desigualdad. Además, las políticas deben diseñarse atendiendo a las condiciones reales en las que las mujeres ejercen sus derechos. Esto exige superar las respuestas homogéneas y reconocer que las mujeres no constituyen un grupo social uniforme. Sus oportunidades, necesidades y barreras están condicionadas por la interacción de distintos factores sociales y sistemas de discriminación.
Incorporar una perspectiva interseccional a las políticas públicas implica preguntarse quiénes participan en los procesos de diagnóstico y planificación, quiénes quedan fuera, qué obstáculos encuentran para acceder a los recursos y si las actuaciones previstas responden a la diversidad de situaciones existentes.
La perspectiva de género y la interseccionalidad no pueden quedarse en declaraciones metodológicas. Deben traducirse en decisiones de planificación, asignación de recursos, coordinación institucional y evaluación de resultados.
No basta con reconocer formalmente un derecho si no existen condiciones institucionales y materiales para ejercerlo.
Encender la luz significa precisamente eso: dejar de tratar la igualdad como una declaración de intenciones y asumirla como una responsabilidad pública que necesita estructuras, decisiones y continuidad.
Este Halloween, la pregunta es otra
La pregunta ya no es qué monstruos acechan en la oscuridad, sino qué condiciones políticas, sociales y estructurales permiten que vuelvan a aparecer.
Los derechos no son irreversibles por el mero hecho de haber sido reconocidos. Su garantía requiere instituciones comprometidas, políticas públicas sostenidas, recursos adecuados y una ciudadanía capaz de identificar y cuestionar las desigualdades. El verdadero peligro no reside únicamente en que alguien intente arrebatarnos los derechos conquistados. También está en creer que esos derechos se defenderán por sí solos, en acostumbrarnos a su cuestionamiento y en descuidar las herramientas necesarias para garantizar su efectividad.
Porque los derechos no desaparecen necesariamente de hoy para mañana. A veces, lo primero que se debilita es la voluntad de defenderlos, los recursos destinados a garantizarlos y la capacidad institucional para hacerlos efectivos. Y cuando dejamos de reconocer las señales, el deterioro ya forma parte del paisaje.
Frente a una reacción que se adapta, circula y busca nuevos espacios de legitimidad, la igualdad no se garantiza con declaraciones: necesita decisiones políticas, capacidad institucional y acción pública sostenida
¿Hablamos?
© 2024. All rights reserved.
ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad
