Políticas de igualdad e interseccionalidad en el medio rural: el riesgo del Ctrl+C, Ctrl+V
El presente análisis examina la necesidad imprescindible de incorporar la perspectiva interseccional en el diseño y evaluación de las políticas públicas de igualdad en el ámbito local. Se cuestiona la efectividad de los modelos estandarizados de intervención que omiten la singularidad territorial y la diversidad interna de las mujeres rurales. A través de la identificación de barreras de acceso latentes (condicionadas por factores como la dispersión geográfica, la brecha digital, la accesibilidad, la edad o la diversidad sociocultural), el artículo proporciona un marco propositivo de cinco ejes metodológicos para guiar a las administraciones locales hacia una transversalidad efectiva, orientada al ejercicio real de derechos e inclusión social.
Ainhoa Cuadrado Aybar- ACG consultora de igualdad de género con enfoque de ruralidad
10/26/20268 min read
Cuando hablamos de políticas públicas de igualdad en el medio rural, solemos referirnos a cuestiones como la falta de oportunidades laborales, la sobrecarga de cuidados, la despoblación, las dificultades de acceso a los servicios o la escasa presencia de mujeres en los espacios de decisión. Son problemas fundamentales, pero ¿afectan de la misma manera a todas las mujeres que viven en nuestros pueblos?
La respuesta es no. Y comprender por qué resulta esencial para diseñar políticas públicas de igualdad que respondan a las necesidades reales de la población.
La interseccionalidad nos permite entender que las desigualdades no actúan de manera aislada y que las condiciones de vida en el medio rural pueden modificar la forma en que se manifiestan. Incorporar esta perspectiva supone revisar no solo qué problemas identificamos, sino también a quiénes estamos escuchando, qué necesidades atendemos y quiénes pueden estar quedándose fuera de nuestras intervenciones.
¿Qué es la interseccionalidad y por qué importa en el medio rural?
El concepto de interseccionalidad fue desarrollado por la jurista afroamericana Kimberlé Crenshaw en 1989 para explicar cómo las experiencias de discriminación de las mujeres negras no podían comprenderse adecuadamente si se analizaban por separado el racismo y el sexismo.
Su aportación puso de manifiesto que las desigualdades interactúan y pueden generar experiencias específicas que quedan invisibilizadas cuando se estudia cada factor de manera independiente.
Aplicado a las políticas públicas de igualdad, este enfoque nos invita a reconocer que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo. El género interactúa con otras condiciones sociales, económicas y personales, como la edad, la discapacidad, la clase social, el origen, la situación administrativa o la orientación sexual.
En el medio rural, además, es necesario considerar las características del lugar en el que se vive: la distancia a los servicios, la disponibilidad de transporte, la conectividad digital, la oferta de empleo, el acceso a recursos especializados y las posibilidades de participación social.
La ruralidad no determina por sí sola una experiencia común para todas las mujeres. Sin embargo, las condiciones territoriales pueden intensificar determinadas desigualdades, generar barreras específicas o dificultar el acceso efectivo a derechos y servicios.
Por eso, aplicar una perspectiva interseccional al medio rural no consiste en añadir la palabra “rural” a un análisis de género elaborado para otros contextos. Consiste en analizar cómo las condiciones territoriales interactúan con las desigualdades sociales y condicionan las oportunidades, el acceso a los recursos y el ejercicio efectivo de los derechos.
Imaginemos que un ayuntamiento organiza un taller de empoderamiento dirigido a las mujeres del municipio. La actividad se programa por la tarde, se celebra en el núcleo principal y la inscripción se realiza exclusivamente a través de un formulario digital.
Sobre el papel, la iniciativa está abierta a todas las mujeres. Sin embargo, ¿todas tienen las mismas posibilidades de participar?
Una mujer con importantes responsabilidades de cuidados puede no disponer de tiempo. Una mujer con movilidad reducida puede encontrar barreras de accesibilidad. Una mujer mayor con escasas competencias digitales puede tener dificultades para inscribirse. Una mujer que vive en una pedanía sin conexión adecuada puede ni siquiera recibir la información. Una mujer migrante que no domina el idioma puede no comprender los requisitos de la actividad. Y una mujer que reside en una localidad alejada del núcleo municipal puede carecer de medios para desplazarse.
Estas situaciones no son equivalentes ni responden a una única causa. Lo relevante es comprender cómo se combinan las circunstancias personales, sociales y territoriales y cómo esa combinación puede limitar la participación.
No estamos hablando necesariamente de discriminación directa. Estamos identificando cómo el diseño de una intervención aparentemente universal puede generar barreras de acceso para determinadas mujeres.
La pregunta, por tanto, no debería ser únicamente cuántas mujeres han participado, sino también quiénes han podido hacerlo, quiénes no y qué condiciones han influido en esa participación.
Esta reflexión es aplicable a otros ámbitos de las políticas locales. Pensemos, por ejemplo, en una mujer mayor que vive sola en una pedanía, tiene ingresos limitados y no dispone de vehículo propio. La distancia a los servicios, la falta de transporte y una trayectoria vital marcada por la dedicación no remunerada a los cuidados pueden combinarse y condicionar su autonomía. No se trata simplemente de ser mujer, ser mayor o vivir en una localidad pequeña, sino de comprender cómo interactúan esas circunstancias en su vida cotidiana.
También puede ocurrir con una joven lesbiana, bisexual o trans que necesita espacios de apoyo y socialización en los que expresar su identidad con seguridad. En municipios pequeños, la ausencia de recursos especializados, las dificultades para mantener la privacidad o la necesidad de desplazarse a otras localidades pueden condicionar sus posibilidades de acceso.
Esto no significa que todos los pueblos sean espacios hostiles ni que la diversidad esté ausente de ellos. Significa que las políticas públicas deben contemplar las distintas experiencias y garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos con independencia de su lugar de residencia.
En ocasiones, las intervenciones públicas parten de una imagen implícita de la mujer destinataria: una persona que conoce los recursos municipales, dispone de tiempo, puede desplazarse, tiene acceso a internet y cuenta con unas condiciones personales y familiares que le permiten participar. Esa imagen puede facilitar la organización de una actividad, pero no representa toda la diversidad de las mujeres del municipio.
Cuando no cuestionamos ese modelo, corremos el riesgo de diseñar políticas que llegan principalmente a quienes ya disponen de mejores condiciones para acceder a ellas.
En estos casos, el problema no tiene por qué estar en la finalidad de la intervención, sino en la distancia entre su diseño y las condiciones reales de acceso. Una medida puede estar correctamente planteada en sus objetivos y, sin embargo, producir resultados desiguales si no contempla las circunstancias de las personas a las que pretende dirigirse.
Una política pública no es plenamente inclusiva solo porque esté abierta a todo el mundo. También debe examinar qué obstáculos impiden que todas las personas puedan beneficiarse de ella.
¿Cómo incorporar la interseccionalidad a las políticas locales de igualdad?
Aplicar una perspectiva interseccional no exige crear un programa específico para cada grupo de población. Exige mejorar la manera en que diagnosticamos los problemas, diseñamos las medidas y evaluamos sus resultados.
1. Elaborar diagnósticos que reflejen la diversidad municipal: Los datos generales sobre las mujeres son necesarios, pero pueden ocultar diferencias importantes. Es conveniente combinarlos con entrevistas, consultas y procesos participativos que permitan conocer las experiencias de mujeres con distintas condiciones de vida. También es importante escuchar a quienes no participan habitualmente en las actividades municipales. Si solo consultamos a las mujeres que ya están vinculadas al tejido asociativo, podemos dejar fuera precisamente a quienes encuentran más dificultades para acceder a los espacios de participación.
2. Analizar las barreras de acceso antes de diseñar las actuaciones: Antes de programar una actividad, conviene revisar los horarios, los desplazamientos, la accesibilidad del espacio, los canales de información, los requisitos de inscripción y las necesidades de conciliación.
En ocasiones, cambios aparentemente pequeños (como facilitar la inscripción presencial, adaptar los horarios, ofrecer información en formatos accesibles o acercar una actividad a varias localidades) pueden ampliar las posibilidades de participación.
3. Adaptar los recursos a las condiciones reales del medio rural: La existencia formal de un servicio no garantiza que todas las personas puedan utilizarlo. La dispersión de la población, la disponibilidad de transporte, la conectividad digital, la frecuencia de atención y la distancia a los recursos especializados condicionan su accesibilidad efectiva.
Esta cuestión es especialmente relevante en la prevención y atención de las violencias machistas, donde la privacidad, la seguridad y la continuidad de la atención pueden resultar determinantes.
4. Evaluar quién se beneficia de las políticas públicas: El número de actividades realizadas, las personas asistentes o el presupuesto ejecutado aportan información relevante, pero no bastan para conocer el alcance de una política de igualdad.
También es necesario valorar quiénes han podido acceder a las actuaciones, qué dificultades persisten y qué cambios sería conveniente introducir. La evaluación debe permitir identificar barreras y mejorar las intervenciones, no limitarse a justificar que se han ejecutado las actividades previstas.
5. Incorporar la interseccionalidad al conjunto de las políticas municipales: La igualdad no depende exclusivamente de las actividades organizadas desde el área correspondiente. También está relacionada con el transporte, los servicios sociales, la vivienda, el empleo, la accesibilidad, la participación ciudadana y la planificación urbanística, lo que conocemos con transversalidad de género.
Por eso, la perspectiva interseccional debe contribuir a mejorar el conjunto de la acción municipal, favoreciendo la coordinación entre áreas y evitando que cada servicio aborde las desigualdades de manera aislada.
La interseccionalidad no puede quedarse en una declaración de intenciones
Incorporar este enfoque requiere tiempo, conocimiento técnico, participación y recursos. También exige reconocer que algunas intervenciones aparentemente neutras pueden estar dejando fuera a una parte de la población.
Existe el riesgo de convertir la interseccionalidad en una etiqueta que aparece en los documentos, pero que no modifica las decisiones. Mencionar la diversidad en un diagnóstico no garantiza que las medidas propuestas respondan a ella. Para evitarlo, la perspectiva interseccional debe traducirse en preguntas concretas, decisiones justificadas, actuaciones viables e indicadores que permitan comprobar los resultados.
No se trata de acumular categorías ni de elaborar listas interminables de vulnerabilidades. Se trata de reconocer que las personas cuentan con capacidades, experiencias, recursos y necesidades diferentes, y que las instituciones tienen la responsabilidad de identificar las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos.
Aplicar esta mirada también implica revisar nuestras propias decisiones técnicas: qué información recogemos, a quién consultamos, qué supuestos damos por válidos y qué entendemos por participación, accesibilidad o igualdad de oportunidades.
Y es que, el medio rural no es una realidad homogénea. Las diferencias entre municipios, las condiciones económicas, la estructura de los servicios y las características de la población configuran contextos muy distintos. Dentro de cada uno de ellos, las mujeres también presentan trayectorias y necesidades diversas.
Por eso, las políticas públicas de igualdad no pueden limitarse a trasladar modelos de intervención diseñados para otros contextos ni asumir que una medida idéntica tendrá los mismos resultados para todas las personas.
Incorporar la interseccionalidad significa comprender mejor esa complejidad y utilizar ese conocimiento para diseñar respuestas más adecuadas, accesibles y eficaces.
Desde ACG defendemos que la ruralidad no es nuestro contexto, sino nuestro pilar y enfoque de trabajo. Esto implica reconocer las características de cada municipio y analizar cómo las condiciones territoriales interactúan con las desigualdades de género y con otras formas de desigualdad.
La pregunta que debería acompañar el diseño de cualquier política local de igualdad es sencilla: ¿a quién estamos llegando y quién puede estar quedándose fuera?
Responderla es un primer paso para construir políticas públicas que no se limiten a reconocer la diversidad de las mujeres rurales, sino que la incorporen de forma efectiva a sus decisiones.
Porque una política de igualdad no se mide únicamente por lo que propone, sino también por su capacidad para garantizar que sus actuaciones sean accesibles y útiles para las personas a las que pretende dirigirse.
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