Políticas públicas para entornos rurales: Cerrando la brecha urbano-rural con un enfoque feminista e interseccional

La creciente brecha urbano-rural ha dado lugar a una desigualdad persistente y a menudo silenciada, que afecta de manera directa a las mujeres rurales. Este fenómeno no solo resalta las disparidades en el acceso a servicios esenciales, sino que también pone de manifiesto las barreras estructurales que limitan la autonomía y el bienestar de las mujeres en el ámbito rural. Estos desafíos son multidimensionales, y abarcan desde la sobrecarga de trabajo no remunerado hasta el acceso limitado a servicios de salud, educativos y laborales, además de la violencia de género, que en entornos rurales se vuelve aún más complejo su abordaje debido a la falta de recursos y apoyo.

Las políticas públicas que asignan recursos en función de la población total, sin considerar la densidad poblacional, favorecen a las áreas urbanas, donde la alta concentración de habitantes permite una distribución más eficiente de los servicios.

Así, el modelo de distribución de servicios basado en el número total de habitantes, sin considerar la dispersión geográfica y las características particulares de las zonas rurales, es un enfoque erróneo que agrava las desigualdades. En las áreas rurales, las comunidades están frecuentemente distribuidas en extensos territorios, lo que significa que no hay una concentración de población suficiente en un solo lugar para justificar la instalación de infraestructuras y servicios. Esto da lugar a un déficit de recursos y servicios esenciales. Dicho de otro modo, al aplicar el mismo modelo de distribución utilizado en áreas urbanas, donde la densidad poblacional permite una mejor cobertura, se ignoran los retos logísticos y económicos específicos del entorno rural. En este contexto, la asignación de recursos en función del número total de habitantes resulta ineficaz, ya que no se tiene en cuenta el mayor coste de proporcionar servicios a poblaciones dispersas ni la distancia que las mujeres rurales deben recorrer para acceder a ellos. Este enfoque puede llevar a que, por ejemplo, haya pocos centros de salud disponibles en áreas rurales o que las infraestructuras educativas estén ubicadas en lugares lejanos, lo que incrementa la desigualdad al poner barreras adicionales a la accesibilidad.

Además, las mujeres rurales, debido a su rol en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, suelen ser las más afectadas por estas dificultades. La falta de opciones cercanas de trabajo o servicios de cuidado infantil, junto con la falta de transporte adecuado, crea una situación de doble desventaja para ellas. El no tener en cuenta la dispersión geográfica y las necesidades específicas de las zonas rurales en la planificación de recursos y servicios perpetúa la exclusión y refuerza las desigualdades entre las mujeres rurales y urbanas.

Por tanto, el modelo de asignación de recursos debe ser repensado, este enfoque es crucial para corregir las desigualdades estructurales y garantizar que las mujeres rurales tengan el acceso a los mismos derechos y servicios que las mujeres urbanas.

En resumen, la dispersión geográfica y la baja densidad de población en las áreas rurales no solo dificultan el acceso de las mujeres a servicios básicos, sino que también generan costes logísticos, económicos y personales adicionales que agravan las desigualdades existentes. Esto requiere un enfoque adaptado a las características de estas zonas, con políticas públicas que superen estas barreras y garanticen el acceso igualitario a los recursos y servicios esenciales para todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia.

En este contexto, el aislamiento geográfico y social es uno de los mayores obstáculos para las mujeres rurales, especialmente para aquellas víctimas de violencia de género. En muchas localidades rurales, las mujeres se enfrentan a una doble exclusión: una geográfica, debido a la dispersión de la población, y otra social, por la falta de servicios y redes de apoyo cercanas. Esta situación es particularmente grave cuando las mujeres se trasladan a vivir a las localidades de sus agresores, quedando atrapadas en entornos familiares y sociales que refuerzan el control y el abuso.

Además, la escasez de infraestructuras de transporte y la falta de conectividad digital agravan este aislamiento, impidiendo que las mujeres rurales accedan a servicios de apoyo, información, o incluso empleo y educación. En un mundo cada vez más digitalizado, la exclusión digital se convierte en una barrera adicional que limita la participación plena de las mujeres rurales en la vida social, económica y política. Esta brecha digital afecta especialmente a las mujeres mayores, que enfrentan una doble barrera: la brecha generacional y la dificultad para acceder a las nuevas tecnologías.

Así pues, la violencia de género se presenta como un problema de gran magnitud en el contexto rural, donde se ve agravada por la estigmatización social y la escasa presencia de recursos. Esto dificulta no solo la denuncia, sino también la protección efectiva de las víctimas. Las órdenes de alejamiento, que son una herramienta clave para proteger a las mujeres en situaciones de violencia, a menudo no se cumplen de manera eficaz en las zonas rurales debido a diversos factores, entre ellos, la infraestructura de servicios inadecuada, la escasez de recursos y, en particular, la falta de presencia policial constante.

Es importante volver a destacar en este punto, que la asignación de recursos en función del número total de habitantes, sin tener en cuenta las particularidades geográficas y territoriales, agrava aún más la desprotección de las víctimas. En las áreas rurales, la dispersión geográfica y la baja densidad poblacional hacen que la distribución de unidades policiales y recursos de atención a las víctimas no sea eficiente. Las unidades móviles, que podrían ser una solución para llevar apoyo a las zonas más remotas, no son suficientes ni están adecuadamente distribuidas para garantizar una cobertura efectiva en todo el territorio rural. Esto implica que, en muchos casos, las mujeres que sufren violencia de género en comunidades rurales no pueden acceder a la protección necesaria, ya sea por la lejanía de los recursos o por la falta de infraestructura que permita su intervención o seguimiento.

La falta de personal especializado y la escasa infraestructura de servicios en estas zonas rurales son factores que refuerzan la desigualdad de acceso a la justicia y a la protección frente a la violencia. Por tanto, es esencial que las políticas públicas rectifiquen este enfoque de asignación de recursos, priorizando no solo el número de habitantes, sino también las características geográficas y logísticas de las zonas rurales. Solo así se podrá garantizar una cobertura eficaz y equitativa en el acceso a la justicia, la protección de las mujeres víctimas de violencia y la efectiva implementación de medidas como las órdenes de alejamiento en todos los territorios, independientemente de su densidad poblacional. Todo esto genera un entorno de desprotección y vulnerabilidad, donde además, en muchos casos, las mujeres se ven obligadas a convivir con sus agresores y/o con los familiares de éstos día tras día.

Por ende, la justicia territorial debe ser considerada como un componente esencial de la justicia de género, ya que las desigualdades territoriales afectan de manera directa a las mujeres, especialmente en áreas rurales.

Para que las mujeres rurales puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades que sus contrapartes urbanas, es imprescindible que las políticas públicas adopten un enfoque inclusivo y territorial. Esto implica una mejora significativa en la infraestructura de transporte que permita un acceso más fácil a los servicios y una optimización de las tecnologías de comunicación que posibiliten la conexión de las mujeres rurales con el resto del mundo.

La conectividad digital, en particular, debe ser considerada un derecho básico. En un contexto global cada vez más digitalizado, las mujeres rurales necesitan tener acceso a plataformas que les permitan participar en el mercado laboral remoto, acceder a educación a distancia y utilizar servicios de apoyo en línea de manera segura y eficiente. De esta manera, se les brinda una oportunidad de reducir las brechas económicas, sociales y educativas que enfrentan debido a su ubicación geográfica.

A nivel local, debe promoverse un enfoque integral que no solo considere la infraestructura física, sino también el fortalecimiento de redes de apoyo, el empoderamiento político y social de las mujeres rurales, y el acceso a información relevante para la toma de decisiones. Esto implica, entre otras acciones, crear mecanismos efectivos para garantizar que las mujeres rurales puedan participar activamente en la vida política y en la creación de políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas.

La solución integrada entre justicia territorial y feminista no solo busca reducir las desigualdades, sino también asegurar que las mujeres rurales se conviertan en agentes activos en la construcción de una sociedad más equitativa, donde sus voces sean escuchadas y sus derechos plenamente respetados.

Solo desde un enfoque territorial feminista, podremos garantizar una inclusión real y efectiva de las mujeres rurales en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.